Mientras las últimas revelaciones del caso Jeffrey Epstein golpean los círculos de poder de medio mundo, Ghislaine Maxwell, la principal colaboradora y cómplice del financiero pedófilo que murió en la cárcel en 2019, ha comparecido este lunes por videoconferencia ante el comité de cumplimiento del Congreso de Estados Unidos. Maxwell había sido citada para tratar de arrojar luz sobre las actividades del millonario que tejió una red de tráfico sexual y abusó de menores, y sobre la gestión que el Departamento de Justicia ha hecho sobre el voluminoso archivo del caso, con miles de fotos y videos.

Pero la amiga y cómplice de Epstein, que está en una cárcel en Bryan (Texas) donde cumple una pena de 20 años de prisión, se ha acogido a la Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense para evitar declarar y responder a las preguntas de los miembros del comité, celebrado a puerta cerrada. 

Un inmigrante mexicano que sufrió una fractura de cráneo durante su arresto por agentes de inmigración el mes pasado en Minnesota afirma que la golpiza no fue provocada.

En el sexenio anterior, el ‘fracking’ fue una línea roja en la política energética mexicana. Un veto claro y defendido desde el poder. Hoy, esa línea empieza a desdibujarse. La fractura hidráulica —o fracking— permite extraer gas y petróleo atrapados en formaciones rocosas profundas. El Gobierno de Claudia Sheinbaum ha abierto la puerta a emplear esta polémica técnica para elevar la producción de gas natural del país y así reducir las importaciones de este vital insumo desde EE UU.